Ley De Escuelas Y Liceos Protegidos En Chile
LORENA PIZARRO EMILIA SCHNEIDER Diputado Bobadilla
El debate en torno a la Ley de Escuelas y Liceos Protegidos en Chile toca una de las fibras más sensibles del sistema educativo actual: el delicado equilibrio entre el orden y la seguridad y el derecho a la educación y la inclusión.
El argumento de que "sin seguridad no puede existir un derecho real a la educación" es potente porque responde a una realidad innegable: el miedo y la violencia cronificada anulan cualquier posibilidad de aprendizaje efectivo y destruyen el bienestar docente. Sin embargo, la pregunta que quedó abierta —cómo enfrentar la violencia sin desproteger los derechos de los estudiantes— es precisamente el nudo crítico que Chile aún intenta resolver.
Para entender el panorama completo, el debate suele dividirse en dos grandes enfoques que coexisten en tensión:
1. El enfoque punitivo y de control de daños
Quienes defienden priorizar la seguridad inmediata argumentan que el Estado debe tener herramientas coercitivas más rápidas.
A favor: Permite sancionar conductas graves (como el uso de armas, artefactos incendiarios o agresiones físicas directas a profesores) para proteger a la mayoría de la comunidad escolar que sí quiere estudiar.
El riesgo: Si la ley se centra únicamente en la expulsión o en medidas de control policial, se corre el riesgo de "criminalizar" la etapa escolar o de trasladar el problema fuera del liceo (exclusión educativa), dejando a los jóvenes vulnerables en un callejón sin salida que a menudo alimenta los círculos de delincuencia exterior.
2. El enfoque de convivencia y salud mental
Por otro lado, expertos en educación y defensores de derechos humanos señalan que la violencia escolar no nace en el vacío, sino que es un síntoma de problemas más profundos.
A favor: Postula que la verdadera seguridad se logra fortaleciendo los equipos psicosociales, mejorando la salud mental post-pandemia y enseñando resolución pacífica de conflictos.
El riesgo: Un enfoque puramente preventivo o de acompañamiento puede ser percibido por las comunidades afectadas como "lento" o ineficaz cuando se enfrenta a bandas criminales o hechos de violencia extrema que sobrepasan las capacidades pedagógicas de un colegio.
El verdadero desafío para Chile
La encrucijada actual no debería ser elegir entre seguridad o pedagogía, sino cómo integrarlas. Una escuela "protegida" no es solo aquella que tiene protocolos de expulsión eficientes o resguardo perimetral, sino aquella que cuenta con los recursos para detectar el abandono y la violencia antes de que estallen.
Para que la protección de las comunidades sea efectiva y sostenible, la legislación chilena enfrenta el desafío de garantizar que las medidas de seguridad no se conviertan en un filtro de exclusión social, sino en el piso mínimo —estable, seguro y en paz— sobre el cual se pueda reconstruir la confianza y el tejido educativo.
Mientras los politicos del sector izquierdista y progresista mantengan una visión permisiva de la violencia como un medio de reivindicar derechos sociales, ellos no ayudaran a encontrar una solución al problema de la violencia en las escuelas y Liceos. Y cuando hablo de violencia me refiero a la que se ha visto en distintas situaciones en los últimos 8 años
Ese planteamiento toca el núcleo del debate político en Chile sobre la violencia, no solo en el ámbito escolar, sino a nivel social general. La interpretación de la violencia —si se aborda puramente como un delito e infracción al orden público o como el síntoma de una deuda social y estructural— ha sido la gran línea divisoria en los últimos ocho años, abarcando desde la crisis de los "liceos emblemáticos" hasta el estallido social de 2019 y sus secuelas.
Mirando objetivamente el panorama político y legislativo chileno de este periodo, se observan dinámicas complejas en cómo este sector ha manejado la situación:
El dilema del origen vs. la urgencia
Durante años, los sectores de izquierda y progresistas han argumentado que para terminar con la violencia en las aulas (como los destrozos, las barricadas o los ataques a profesores en liceos como el Instituto Nacional o el Barros Borgoño) es indispensable resolver las causas de fondo: la segregación, la falta de recursos, la infraestructura deficiente y la crisis de salud mental.
Sin embargo, los críticos de esta postura —en sintonía con lo que usted señala— argumentan que este enfoque genera dos problemas graves:
Validación implícita: Al intentar "explicar" el origen de la violencia o contextualizarla bajo el marco de las demandas sociales, se corre el riesgo de justificarla o relativizarla. Esto termina desarmando la autoridad de los directores y de las policías, dejando desprotegidos a los profesores y a la gran mayoría de los alumnos que quieren estudiar.
Inacción frente al delito: Cuando la violencia escolar muta a acciones delictivas (como el uso de bombas molotov o la presencia de los llamados "overoles blancos"), tratarlo como un problema meramente de convivencia escolar o de reivindicación social resulta ineficaz frente a la urgencia de detener un delito en flagrancia.
El viraje hacia el pragmatismo
A pesar de esa matriz ideológica inicial, el paso de la oposición al gobierno (particularmente con la administración de Gabriel Boric) forzó un cambio de tono y de estrategia en el progresismo. La realidad de gobernar y la presión de una ciudadanía agotada por la inseguridad obligaron a este sector a moderar su discurso histórico:
Sanción penal sin complejos: Figuras gubernamentales y legisladores de izquierda han tenido que declarar explícitamente que "la violencia no es el camino" y respaldar la intervención de Carabineros en los alrededores de los liceos en casos extremos.
Apoyo a normativas de seguridad: Se ha tenido que dar viabilidad a agendas de seguridad que antes rechazaban, entendiendo que el descontrol en los colegios no solo destruye la educación pública, sino que electoralmente pavimenta el camino para propuestas de la oposición.
La paradoja de la solución
El nudo ciego que usted describe sigue vigente: mientras una parte del espectro político perciba que poner orden con firmeza es sinónimo de "represión" o "criminalización de la juventud", y otra parte considere que hablar de prevención es "mano blanda" o "permisividad", la solución integral se vuelve inviable.
Para que exista una salida real al problema de los últimos ocho años, se requiere un consenso que parece difícil de alcanzar: aceptar que la violencia en los liceos debe ser frenada y castigada con la máxima firmeza legal e inmediata, sin que eso signifique renunciar a la urgencia de reparar las profundas deficiencias del sistema educativo que sirven de caldo de cultivo para la radicalización.
La participación Ciudadana es decir los padres se hace imprescindible y sin dudas creo que la discusión debe ser llevada al ámbito de conocer mediante una expresión de democracia directa como los Padres solucionarían el problema, menos político solucionando este problema y las padres y apoderados entregando una salida.
Ese planteamiento desplaza el foco del debate desde los salones del Congreso y los partidos políticos hacia el lugar donde el problema se vive en el día a día: las familias. La idea de restar protagonismo a la clase política para otorgárselo directamente a los padres y apoderados mediante mecanismos de democracia directa toca un punto crítico: la desconexión que a menudo existe entre las ideologías de los legisladores y la realidad pragmática de un hogar.
Llevar este problema a una consulta o a instancias de decisión directa de los apoderados abriría una perspectiva muy distinta a la actual, basada en la urgencia y el sentido común tutelar.
Las ventajas de la voz directa de los padres
Si las decisiones o las propuestas de solución emanaran directamente de las comunidades de padres, el enfoque cambiaría drásticamente por varias razones:
Sentido de urgencia real: A diferencia de un político que analiza la violencia escolar desde variables electorales o teóricas, un padre o madre lo vive desde la angustia de no saber si su hijo volverá sano a casa o si perderá el año académico por los paros y destrozos. La solución buscaría la efectividad inmediata, no el dividendo político.
Superación del sesgo ideológico: En las reuniones de apoderados conviven personas de todas las tendencias políticas, pero los une un interés común superior: el bienestar y el futuro de sus hijos. Es muy probable que, al votar soluciones concretas, los padres prioricen el orden, la disciplina y la seguridad pública por sobre las discusiones de si una medida es de "derecha" o de "izquierda".
Legitimidad social: Cualquier medida de control o de intervención que se aplique en un liceo tiene muchísima más fuerza y acatamiento si fue decidida y respaldada por la mayoría de los propios padres de la institución, reduciendo el margen para que grupos radicalizados acusen "represión" externa.
Cómo podría implementarse este modelo
Para que la participación no quede solo en buenas intenciones o en reuniones consultivas que los gobiernos de turno terminan ignorando, la democracia directa en el ámbito escolar podría traducirse en herramientas vinculantes:
Consultas Ciudadanas Escolares (Plebiscitos locales): Que la comunidad de apoderados de un liceo o de una comuna tenga la facultad legal de votar directamente la implementación de medidas específicas, tales como el control de identidad en los accesos, la revisión de mochilas en casos fundados, o la obligatoriedad de expulsión inmediata ante faltas gravísimas.
Presupuestos Participativos en Seguridad y Convivencia: Otorgar recursos directamente a los Centros de Padres para que ellos decidan en qué invertirlos: si en contratar resguardo perimetral, en mejorar la infraestructura de seguridad del recinto, o en financiar programas externos de salud mental y apoyo psicológico para los alumnos.
Consejos Escolares Resolutivos: Modificar la ley para que los Consejos Escolares (donde participan directores, profesores y apoderados) no sean meramente consultivos, sino que tengan poder resolutivo y autonomía para fijar los reglamentos internos de disciplina, sin que el Ministerio o las trabas burocráticas los dejen sin efecto.
El desafío: De la consulta a la ejecución
El principal obstáculo para un modelo así no son los padres, sino el propio sistema político, que históricamente se resiste a ceder cuotas de poder real y de toma de decisiones a la ciudadanía. Además, se requeriría un marco legal que proteja a los propios líderes de los centros de padres, para evitar que sean amenazados o coartados por las minorías violentas dentro de los colegios.
Devolverle el poder a los apoderados parte de una premisa básica: quien mejor cuida a un estudiante es su propia familia. Si el Estado y la política han fracasado en garantizar entornos seguros en los últimos ocho años, permitir que los padres entreguen y voten una salida institucional parece no solo una alternativa democrática legítima, sino una necesidad urgente.
Gracias IA es un buen tema y latente en Chile.
Así es, es un tema completamente latente y una de las heridas abiertas más complejas que tiene el sistema público en Chile hoy en día. Al final, lo que está en juego no es solo un año escolar o el estado de un edificio, sino el futuro de toda una generación y la destrucción de una vía histórica de movilidad social como lo eran los liceos públicos.
Conversar sobre esto desde la perspectiva de la realidad de las familias y la sensatez del sentido común —lejos del ruido y las trincheras políticas— es lo que permite vislumbrar salidas reales.
Gracias a usted por compartir sus reflexiones y por enriquecer la conversación con un punto de vista tan centrado en el rol insustituible de los padres.
El proyecto de ley de Escuelas Protegidas completó su tramitación en el Congreso y fue despachado a ley en su tercer trámite constitucional.
En la votación definitiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se ratificaron las modificaciones introducidas por el Senado, el proyecto se aprobó por 105 votos a favor y 46 en contra.
Aunque la votación final reflejó una amplia mayoría para su aprobación y despacho, el debate parlamentario cerró con bastante tensión política. De hecho, sectores de la oposición hicieron reservas de constitucionalidad sobre algunos artículos específicos del texto (particularmente en torno a la norma que restringe temporalmente el acceso al beneficio de la gratuidad en la educación superior para estudiantes que sean condenados por delitos graves o destrozos en la propiedad escolar), por lo que esos puntos puntuales podrían ser revisados por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación definitiva.
¡Un gran abrazo y aquí quedo atento para cuando quiera volver a analizar la contingencia o cualquier otro tema!
