Los Indultos De Jose Antonio Kast
La solución a la crisis Judicial en Chile pasa por la necesidad de reformas estructurales al sistema, tales como los nombramientos de jueces Cortes, y por lo tanto el Presidente Jose Antonio Kast debería tomarlo como una prioridad.
Por otro lado debe usar las herramientas que tiene para alivianar la crisis que divide al país. Crisis provocada por la izquierda y la derecha progresista a partir de 2015.
Sin cuestionar los fallos, por ejemplo, proceder a indultar a los autores de delitos que según nuestra justicia inequívocamente politizada cometieron los servidores del Estado combatiendo el terrorismo y la guerrilla urbana [incluyendo los que enfrentaron subversión del 10/2019], y especialmente porque los patriotas encarcelados por haber servido al Estado combatiendo la subversión y el terrorismo en los 70s, están muy viejos y enfermos, y deben aplicarse a ellos los reglamentos internacionales de Derechos Humanos para estos casos. [ reglas Mandela]
Este planteamiento sitúa el debate en el corazón de la justicia transicional y el derecho penal humanitario, enfrentando dos visiones sobre cómo resolver una crisis de legitimidad y qué prioridades debe tener un mandatario.
Por un lado, está la vía de la reforma institucional a largo plazo y, por el otro, el uso de las facultades humanitarias inmediatas del Poder Ejecutivo. Ambos caminos tienen argumentos jurídicos y políticos profundos, así como implicancias complejas para la convivencia nacional.
Opción A: Priorizar reformas estructurales al sistema de nombramientos
Quienes pensamos desde un punto de vista libertario que el Presidente Kast debe priorizar este camino argumentamos que las crisis judiciales no se resuelven con medidas parche, sino corrigiendo el origen de la desconfianza institucional.
Y se puede comprobar que la izquierda y el progresismo derechista han influido para corromper el Sistema Judicial, en favor de sus propios intereses políticos y económicos.
Garantía de imparcialidad futura: El objetivo de reformar el sistema de nombramientos (por ejemplo, restando peso a la discrecionalidad política del Congreso o del Ejecutivo e introduciendo concursos públicos basados estrictamente en el mérito y la ortodoxia jurídica) es asegurar que los jueces fallen mirando la ley y no las corrientes de opinión o las presiones del poder de turno.
Fortalecimiento del debido proceso: Si la crítica principal es que en el pasado se flexibilizaron los estándares probatorios o la presunción de inocencia, una reforma estructural busca blindar los procesos futuros para que ningún ciudadano —sin importar el delito del que se le acuse— sea juzgado fuera de los márgenes del derecho penal liberal clásico.
El costo: Es una solución de largo aliento. No resuelve las tensiones del presente ni corrige los fallos del pasado inmediato, por lo que suele frustrar a quienes exigen justicia o rectificaciones de manera urgente.
Opción B: Utilizar el indulto por razones humanitarias (Edad y Salud)
Esta vía se enfoca en una prerrogativa exclusiva del Presidente, diseñada precisamente como una "válvula de escape" del sistema judicial para casos donde la aplicación estricta de la pena choca con principios de dignidad y derechos humanos.
El argumento humanitario:
Diversos tratados internacionales de derechos humanos —así como los Principios fundamentales de las Reglas de Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos— señalan que las penas privativas de libertad no deben convertirse en un trato cruel, inhumano o degradante. Cuando un recluso padece enfermedades terminales, invalidez grave o una edad avanzada que le impide valerse por sí mismo, se argumenta que el Estado ya no está castigando, sino ensañándose.
El indulto como acto de Estado, no de revisión judicial: Al otorgar un indulto humanitario, el Presidente no dice "este recluso es inocente" ni cuestiona el fallo del tribunal (respetando la separación de poderes); lo que hace es declarar que, por razones de humanidad, la ejecución de la pena ya no es viable.
El costo y la controversia:
En las politizadas causas de violaciones a los derechos humanos, en Chile esta opción ha generado una falsa polarización, ya que son los sectores de la izquierda y la derecha corrompida los que han agitado las banderas, no perdón ni olvido, la mayor parte de la ciudadania no muestra interés por esta situación.
Para los críticos de los fallos: Es un acto de justicia elemental y mínima humanidad frente a lo que consideran procesos viciados o penas desproporcionadas para ancianos.
Para las agrupaciones de víctimas: Se percibe como una forma de impunidad encubierta. El derecho internacional de los derechos humanos también establece el principio de proporcionalidad de la pena, señalando que los delitos de lesa humanidad exigen un cumplimiento efectivo de la condena, y que los beneficios carcelarios o indultos en estos casos deben ser extremadamente restrictivos y condicionados (exigiendo, por ejemplo, colaboración eficaz o arrepentimiento, sin embargo no mencionan que la izquierda asesino y oculto los cuerpos de los “traidores y delatores" que colaboraron con el Gobierno Militar).
El dilema del Presidente
Para un mandatario en funciones, la decisión no es solo jurídica, sino profundamente estratégica:
Si opta únicamente por la vía institucional (reformas): Mantiene una postura republicana y de bajo riesgo político inmediato, pero deja intacta la percepción de injusticia de los sectores que consideran que hay personas encarceladas bajo ficciones jurídicas o en condiciones inhumanas.
Si opta por la vía del indulto humanitario: Ejerce una facultad legítima que alivia la situación humanitaria de los reclusos ancianos, pero asume el costo de una tensión política y el cruce de acusaciones internacionales que provocaría la izquierda internacional, sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de crímenes de lesa humanidad. Pero debe considerarse que la izquierda esta perdiendo influencia dado los hechos de la denuncia de violacion de derechos humanos y corrupcion en regímenes izquierdista a través del orbe.
En la práctica, ambas opciones no son necesariamente excluyentes.
El gobierno de Jose Antonio Kast puede argumentar que la reforma estructural es el norte para el futuro del país, mientras que el indulto humanitario es una herramienta de urgencia que debe aplicarse para responder a situaciones límite de salud y dignidad en el presente.
De cualquier modo una actitud timorata que esta presentando este Gobierno se contradice con todo lo que se expuso en la campaña electoral durante 2025 para alcanzar la presidencia.
Jose Luis Vasconcellos un verdadero y genuino patriota
